¿Qué puedo hacer frente a la obsolescencia programada?

La obsolescencia programada, o la limitación deliberada de la vida útil de un producto por parte de su fabricante, ha cambiado radicalmente el panorama económico de los últimos años hasta suponer un punto de inflexión para el consumidor actual.

El ciclo comprar-tirar-comprar tiene sus días contados frente al nuevo paradigma de consumo. En un entorno donde los clientes priman el ahorro económico y ambiental de sus compras, la obsolescencia programada obliga a entrar en un ciclo sin fin de consumo.

El contraste de esta práctica empresarial ha llevado a los usuarios ha plantarse frente al establecimiento intencionado de una fecha de caducidad a un bien de consumo.

100 años de historia

Aunque pueda parecerlo, el término obsolescencia programada dista de ser contemporáneo. Su origen se remonta al siglo pasado cuando, en la década de los años 20, los fabricantes de bombillas plantearon el concepto.

Todo empezó por los prototipos diseñados por Thomas Alva Edison, concebidos para resistir 1.000 horas de uso. En los años posteriores, los desarrollos llegaron a ampliar su utilidad a las 2.500 horas.

Esto supuso un desafío para la industria y los principales productores. A más duración de cada bombilla, habría menos ventas. Es entonces cuando surge el Cártel Phoebus, tras el que estaban los principales fabricantes de la época y que, entre otras medidas protectoras, frenaron el desarrollo, limitando la vida útil a 1.000 horas.

Una práctica en evolución

Aunque en origen el concepto concebido por la industria ajustaba la vida útil de un producto al uso del mismo, con el paso de los años la obsolescencia programada se ha adaptado a las características del mercado y el consumo.

En este sentido, podemos encontrar tres categorías:

• Obsolescencia de función: se da cuando sale a la venta un producto más avanzado o con nuevas funciones. Esto incluye incompatibilidades con nuevos productos, como el caso del hardware y el software.
• Obsolescencia de calidad: el producto, después de cierto tiempo de uso, empieza a presentar fallas y un mal desempeño. En esta categoría también contempla la ausencia de repuestos que impiden su reparación y la descatalogación de alguna línea de producto.
• Obsolescencia de deseo: habitual en el mundo de la telefonía, ocurre cuando sale a la venta un producto más actual y las personas cambian el que ya tienen por cuestiones de estilo o moda.

Incompatibilidad con el nuevo consumo

Al hablar de los efectos de la reducción de la vida útil de los productos por parte de los fabricantes, es importante abordar la labor realizada por estos últimos. En consonancia con la evolución de la normativa y los deseos de los consumidores, las marcas reelaboran sus estrategias para disminuir los efectos negativos.

El primero de ellos, y más evidente para el consumidor, es a nivel personal, es decir, el gasto adicional para sus bolsillos. Para un núcleo familiar, la obsolescencia programada puede llegar a suponer un coste total de 50.000 euros a lo largo de su vida, según Feniss.

El segundo efecto, y más preocupante, es el nivel colectivo: la grave huella ambiental que deja la basura tecnológica.

Según el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), al año se generan de media 50 millones de toneladas de basura tecnológica en todo el mundo. Estos datos podrían aumentar hasta los 120 millones de toneladas en 2050 si se mantienen los hábitos actuales de consumo.

¿Cómo se hace frente a la obsolescencia programada en España?

Siguiendo la estela marcada por Francia – que aprobó castigar con hasta 2 años de prisión y multas de 300.000 euros a las empresas diseñen y fabriquen sus productos para que duren un tiempo predeterminado – España empezó a aplicar la nueva normativa alineada con Europa el 1 de enero de 2022.

Más allá de señalar la fecha en la que se extinguirá la vida útil de un aparato, la regulación también incluye la falta de piezas de repuesto y la escasa tradición de fabricar con componentes reutilizables como parte de la definición de obsolescencia programada.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó en 2021 la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Esta pasa por dos cambios fundamentales: ampliar en primer lugar la garantía básica de los productos de los dos años actuales a tres años, y en segundo lugar obligar a los fabricantes a prolongar la disponibilidad de piezas de repuesto de todos los equipos que vendan durante 10 años.

Hasta ahora esta obligación era solo de cinco años, periodo tras el cual el consumidor quedaba muchas veces sin la posibilidad de cambiar o arreglar incluso pequeñas averías – reclamación habitual del 77% de los ciudadanos según el Eurobarómetro -.

Un nuevo esfuerzo de los fabricantes

La huella ecológica que deja la tecnología es importante, por lo que favorecer la reparabilidad por encima de la obsolescencia es un paso primordial del que todos los agentes implicados salen ganando.

Con este objetivo, los fabricantes se preparan para acoger la última medida anunciada por el ministro Alberto Garzón en el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor: el Índice de Reparabilidad.

De ponerse en marcha, España se convertirá en el segundo país, después de Francia, en implantar un nuevo sistema de clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos para frenar la obsolescencia programada.

El Índice de Reparabilidad es un nuevo etiquetado mediante el cual se clasifican los dispositivos electrónicos con una escala de puntuación de cero a diez, en la que diez es la mejor calificación que se puede conseguir.

Para calcular el índice, se tendrá en cuenta:

• La documentación proporcionada por el fabricante para la reparación
• La facilidad para desmontar el producto
• La disponibilidad de piezas de repuesto
• La relación entre el precio de las piezas de repuesto y del producto original
• Otros criterios específicos en función de la categoría AEE (asistencia y facilidad en el reinicio de software).

Cada baremo tendrá un máximo de veinte puntos. El Índice de Reparabilidad se calcula sumando todos los puntos y dividiendo el resultado entre diez.

Si bien serán las autoridades de Consumo y de Vigilancia de Mercado quienes supervisen que el etiquetado es correcto, los propios fabricantes o importadores serán quienes calculen el índice de los aparatos que comercialicen, ajustando su estrategia a los nuevos requisitos del mercado.

Colaborar para un futuro sostenible

Cada año, el continente genera una media de 16kg de residuos electrónicos por persona. De ellos, casi la mitad corresponden a electrodomésticos estropeados, según un estudio de Naciones Unidas.  Con estas cifras en mente, fabricantes, administraciones y consumidores deben trabajar de manera coordinada para hacer que la vida útil de los productos se alargue.

Ahora, más que nunca, las alternativas van ganando peso frente a la obsolescencia programada.